Como es sabido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2. de la Ley 57/1968, las entidades de crédito que admitieron ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía, responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por estos e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tuvieran abiertas en dicha entidad.

En estos casos el comprador demandante se suele encontrar con una doble dificultad: (i) por un lado de conseguir acreditar la realización de unos pagos que en la mayoría de los casos se hicieron hace un buen número de años, unas veces en metálico, otra mediante efectos cambiarios y otras mediante transferencias, y (ii) por otro, la dificultad añadida de acreditar si la entidad financiera había exigido la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía.

Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2019 (aquí STS 2019. Ley 57- carga prueba), viene a distribuir la carga de la prueba, señalando que será el comprador quien deberá acreditar los pagos y la entidad financiera quien deberá probar que actuó con la diligencia debida.

Por tanto, al sustentarse la responsabilidad del banco como depositario en la falta de diligencia derivada de la aceptación de ingresos en una cuenta del promotor no debidamente garantizada, y siendo la Ley 57/1968 una norma imperativa, cuya finalidad protectora del comprador ha sido remarcada por la jurisprudencia (p.ej., sentencia 102/2018, de 28 de febrero , con cita de la 436/2016, de 29 de junio , y sentencia 503/2018, de 19 de septiembre ), ha de entenderse que incumbía a los compradores demandantes probar la realidad de esos ingresos en la entidad demandada, así como que la construcción no había llegado a buen fin, mientras que, por el contrario, incumbía al banco probar que actuó con la diligencia debida para quedar exonerado de dicha responsabilidad.”

Lo anterior lógicamente facilita en buena medida la tarea probatoria del comprador demandante quien, además de acreditar que la construcción de la vivienda no ha llegado a buen fin, sólo podrá reclamar aquellas cantidades que sea capaz de acreditar que ingresó en la cuenta del promotor abierta en la entidad financiera demandada.